¿Tengo derecho a un abogado de oficio?

Autor: e-bogados 31/03/2021

En las películas americanas de juicios los abogado de oficio suelen tener un gran protagonismo. Pero no hace falta cruzar el charco ni centrarnos en el mundo de la ficción, nuestro ordenamiento jurídico también regula esta figura, cuya finalidad es garantizar que se cumple el derecho a la defensa que a todos nos asiste.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que no todo el mundo puede acceder a la asistencia jurídica gratuita. Porque se trata de una garantía que nuestro sistema ofrece a aquellas personas que, no disponiendo de recursos económicos suficientes, necesitan contar con asistencia letrada y tomar parte en un proceso judicial.

¿Qué es un abogado de oficio?

Se trata de un especialista en Derecho designado por el Colegio de Abogado pertinente, de entre los adscritos al Turno de Oficio, para que se encargue de dar asistencia jurídica a quien no puede pagarse un letrado.

¿Quién puede pedir un abogado de oficio?

El beneficio de la asistencia jurídica gratuita se reconoce a españoles, ciudadanos de la Unión Europea y extranjeros que se encuentren en España si pueden acreditar que no tienen recursos económicos que les permitan pagar a un abogado libremente elegido por ellos.

Además de carecer de recursos, la ley también señala que los interesados deben pedir la asistencia letrada para litigar por derechos propios y que su pretensión no puede ser indefendible.

¿Cuándo se entiende que una persona carece de recursos para litigar?

Cuando sus ingresos brutos anuales por todos los conceptos y por unidad familiar no superen las siguientes cantidades:

– Dos veces el IPREM si se trata de personas que no están integradas en una unidad familiar.
– Dos veces y media el IPREM si la unidad familiar del solicitante tiene menos de cuatro miembros.
– El triple del IPREM si la unidad familiar del solicitante tiene cuatro o más miembros, o está reconocida como familia numerosa.

El IPREM es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y para 2021 está fijado en 564,90 euros al mes o 7.908,60 euros al año.

Quienes en ningún caso tendrán acceso a un abogado de oficio son las personas jurídicas (empresas). En el caso de fundaciones debidamente inscritas en el Registro Público correspondiente y asociaciones de utilidad pública, sí cabe la posibilidad de contar con asistencia jurídica gratuita si no disponen de recursos económicos suficientes.

Personas que siempre tienen derecho a un abogado de oficio

Existen una serie de personas que, con independencia de que tengan más o menos dinero, siempre pueden acceder a la asistencia jurídica gratuita. Se trata de:

– Víctimas de violencia de género.
– Víctimas de terrorismo y de delitos de trata de seres humanos.
– Menores de edad y discapacitados psíquicos que hayan sido víctimas de situaciones de abuso o maltrato.
– Quienes a consecuencia de un accidente hayan sufrido graves secuelas de carácter permanente que les impidan realizar las tareas más esenciales de la vida cotidiana y necesiten ayuda para ello, siempre que el objeto del proceso judicial sea reclamar una indemnización por los daños personales y morales sufridos.

Proceso para solicitar un abogado de oficio

Quien solicita al letrado puede estar en la posición de demandante o querellante o de demandado o querellado. En cualquier caso, la tramitación se hace a través del Colegio de Abogados de la región en la que se va a litigar.

Las Comunidades Autónomas tienen una Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que se encarga de examinar las peticiones y resolver lo que proceda.

El interesado puede plantear su petición ante:

1) el Colegio de Abogados de su región o provincia

2) el Juzgado de su domicilio

3) o en el Juzgado que está tramitando el proceso, que dará traslado de la petición al Colegio

Para litigar ante la jurisdicción civil, mercantil y contencioso-administrativa el interesado tramitará su petición a través del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del Colegio de Abogados correspondiente. Se le dará cita para entrevistarse con un consultor que le orientará y le informará sobre cómo debe cumplimentar su solicitud y qué documentos tiene que presentar para acreditar su insuficiencia de recursos.

En el caso de que se vaya a litigar en la jurisdicción penal, el letrado que asista al solicitante en su comparecencia rellenará la solicitud de justicia gratuita y le indicará al interesado qué documentación debe presentar.

Si el solicitante ha sido demandado o se ha interpuesto contra él una querella, tiene que solicitar al juzgado la suspensión del procedimiento hasta que el SOJ resuelva sobre su petición de acceso a la justicia gratuita o se le designe provisionalmente abogado y procurador si su intervención fuera preceptiva.

Para procesos ante la jurisdicción social no es necesario que los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social acrediten su situación económica, así que presenten su solicitud ante el SOJ y no tienen que aportar ningún documento. Lo mismo ocurre con las víctimas de violencia de género, que solo tienen que presentar ante el SOJ la documentación y una copia de la denuncia o querella.

¿Hay que pagar algo al abogado de oficio?

Si el procedimiento termina con un beneficio económico para quien ha litigado con abogado de oficio y en la sentencia no ha habido una condena en costas a la otra parte, el abogado puede reclamar su minuta a su defendido.

Si se designa abogado de forma provisional y luego la Comisión de Justicia Gratuita desestima la petición del interesado, el abogado que ha intervenido puede reclamar los honorarios correspondientes.

Un último aspecto a tener en cuenta es que el reconocimiento del derecho de justicia gratuito no solo implica contar con un letrado y un procurador de forma gratuita, también supone no tener que pagar tasas ni depósitos para presentar recursos, así como una reducción del 80% del importe de los aranceles correspondientes a escrituras públicas, certificaciones, anotaciones e inscripciones registrales y obtención de notas, y el derecho a recibir asistencia pericial gratuita.

El abogado de oficio, y el sistema de justicia gratuita en general, se encargan de garantizar que toda persona pueda acceder a un proceso judicial para defender sus derechos, sin importar su situación económica.